Historia

Trujillo ordena asesinar los acusados del robo el Royal Bank of Canada en Santiago, en 1954.

Como parte de una farsa sin parangón, Trujillo conmutó la pena a los acusados del asalto al Royal Bank of Canada.

Sin embargo, el 15 de diciembre de 1954, un día después de la sentencia, los principales implicados en el asalto fueron llevados a realizar labores de chapeo o trabajos públicos, al sitio denominado Los Platanitos o Ensanche San Rafael, donde actualmente se encuentra el Estadio Cibao de béisbol. Según se publicó entonces, en páginas interiores del periódico El Caribe, el grupo fue muerto «cuando de manera audaz intentaron una fuga en masa, mientras realizaban trabajos en un campo militar situado en el Ensanche San Rafael».

Un comunicado oficial dijo que los presos «trabajaban con machetes y obedeciendo a una señal esgrimieron dichas armas en un intento de sorprender a los custodios, pero fracasaron en un último y desesperado atentado criminal. Murieron abatidos a balazos por los agentes del orden».

Solamente José Ulises Almonte se salvó del ametrallamiento, pues se encontraba realizando trabajos de mecánica en la fortaleza San Luís, de Santiago, entonces comandada por el coronel Ludovino Fernández, quien habría de pagar las consecuencias al ser considerado responsable del asesinato de los presos, por lo cual fue sometido a la justicia.

Otros decían que Almonte y Almonte no fue muerto porque supuestamente había sido chofer de Ramfis Trujillo, primogénito del dictador, quien le habría pedido que no lo mataran. Otros afirman que, en realidad, Almonte y Almonte fue ejecutado en la misma fortaleza, pues al haber sido militar se quería dar «un ejemplo» ante los demás soldados para que no asesinaran a sus compañeros de armas, como ocurrió con los policías cuyos revólveres fueron robados tras asesinarles. Naturalmente, estas son especulaciones.

La recomendación para enviar a la Justicia al coronel Fernández la hizo una Junta Militar integrada por oficiales de leyes del Ejército, la Marina y la Aviación, pues una anterior había dicho que en sus indagaciones no llegaron a conclusión alguna en cuanto a la responsabilidad del oficial. Otro sancionado fue el mayor general Virgilio García Trujillo, al ser degradado a general de brigada porque en su calidad de Jefe de Estado Mayor del Ejército no tomó «medidas adecuadas de previsión» encaminadas a evitar el fusilamiento de los presos. El Gobierno, entonces dirigido por el presidente gomígrafo Héctor Bienvenido Trujillo, «lamentó» las muertes de los presos, cuyos cadáveres permanecieron «horas muertas» en el sitio donde se materializó la ejecución, mientras un público curioso, previamente convocado por emisoras radiales de Santiago sometidas al Gobierno, presenciaba la dantesca escena.

Pero aún más, pues el coronel Ludovino Fernández fue puesto a disposición de la Justicia por el propio Trujillo, a pesar de que la segunda Junta Investigadora recomendara que lo juzgara un Consejo de Guerra.

Sin embargo, el 10 de enero de 1955, Ludovino Fernández recuperó su libertad al ser «absuelto» por la justicia civil.

El tribunal dictaminó que no se demostró que el acusado participara «ni directa ni indirectamente» en los hechos que motivaron su sometimiento a la Justicia.

Como cruel colofón a toda esta farsa, Trujillo ordenó la entrega de un cheque por mil pesos a Griselda y a Romualda Esperanza Maldonado Díaz, quienes supuestamente escribieron una carta al dictador en la que decían estar conformes con la decisión del tribunal que condenó a sus hermanos, quejándose al propio tiempo de que estaban «en una miseria terrible y nuestros esposos se nos han ido y no tenemos siquiera para la comida, mucho menos para la manutención de nuestros hijitos».

Muchos antitrujillistas llegaron incluso a simpatizar con los asaltantes, no porque justificaran su acto de delincuencia, sino porque tuvieron el valor de desafiar a Trujillo, en momentos en que se requería tener el suficiente material colgante para hacerlo.

Texto: Santiago Estrella Veloz para Diario libre

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