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Indotel reforzará acciones del MP para combatir el delito cibernético desde las cárceles

Gómez Mazara destacó que este problema afecta gravemente la seguridad nacional e indicó que el 85% de las llamadas fraudulentas provienen desde las cárceles.

 

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez, anunció esfuerzos junto al Ministerio Público para combatir el delito cibernético desde los recintos penitenciarios del país.

Durante su intervención en el programa El Día, Gómez Mazara destacó que este problema afecta gravemente la seguridad nacional e indicó que el 85% de las llamadas fraudulentas provienen desde las cárceles.

Resaltó que ya ha conversado con las autoridades, como la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Policía Nacional y Ministerio de Interior y Policía, para ponerse manos a la obra en la colocación de bloqueadores en centros penitenciarios que no estén habitados en sus entornos como: Anamuya, La Altagracia; el 15 de Azua; El Pinito, La Vega; y Rafey Mujeres.

“Hemos pactado iniciar, con los procesos de bloqueadores, en esos recintos carcelarios en lo que avanzamos en la tecnificación de esos mecanismos”, argumentó.

También dijo que desde la institución se lanzará una campaña educativa para orientar a las personas para identificar llamadas fraudulentas y advertir a la población sobre los niveles de destrezas delictivas que se están desarrollando.

Anunció que la institución invertirá aproximadamente RD$53 millones para en la primera etapa del programa de conectividad para destacamentos de la Policía Nacional.

“Vamos a disponer más o menos de RD$53 millones en esta primera etapa entre ahora y diciembre”, expresó.

El funcionario puntualizó que esta acción se llevará a cabo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y recalcó que esta iniciativa contribuirá a la sistematización y registro de actos delictivos de manera eficiente.

Destacó que se ha fijado la última semana de octubre para iniciar este proceso en 42 municipios de la República Dominicana, fundamentalmente en la región sur.

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