Por: Alex Junior Geraldo Abogado

En la Republica Dominicana vemos como a diario las decisiones de los jueces son influenciada principalmente por, los medios comunicación, los cuales afectan de manera negativa las sentencias de los magistrados al momento de imponer medidas de coercitivas o tomar una decisión definitiva contra un justiciable o imputado.

¿A que llamamos populismo penal?

Podemos decir que este concepto se refiere a la pena extremada impuesta contra un justiciable, ya sea para complacer “los medios de comunicación, un político, un empresario, u otros”.

En un país con un sistema acusatorio adversaria, como el que vivimos, donde hay tradición establecida de dictar penas en función de la magnitud del delito, sería insensato esperar mayores penas que las merecidas por algún imputado. Si se impusieran, tendríamos populismo penal.

En nuestro adorado país es todo lo contrario. Casi nunca se hace justicia ante delitos cometidos por funcionarios y empresarios, aunque haya evidencias que apunten a la culpabilidad de esto, hasta podemos llegar a decir como establece el código procesal penal  de manera tácita, “el pobre no tiene arraigo suficiente para comparecer ante la acción de la justicia” es una de las razones por la que casi siempre se imponen las medidas de coerción establecidas en el artículo 226, numeral 7, que es la prisión preventiva, o una garantía económica abrumadora, la cual no puede ser pagada por el imputado.

El argumento utilizado por los jueces y fiscales del peligro de fuga es más bien grotesco. Quienes más posibilidad tienen de fugarse son las personas con más recursos económicos, un pobre que no tiene ni para comer ¿ para donde se puede ir? sin embargo las personas adinera tienen opciones hasta para abandonar el país, sino preguntémosle a Quirinito. ¿Dónde estás Quirinito?

En teoría, lo perfecto sería que cada quien se le imponga una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, ya sea  colocarle un dispositivo en la pierna, arresto domiciliario, presentación periódica, en fin cualquier otra medida que no sea la privación de libertad. Así sería incluso más barato para el Estado, no tendría que costear los alimentos de los presos preventivos. Pero en la República Dominicana, donde con  dinero se evade la justicia, y donde la mayoría de la población no cree en el sistema judicial debido a los resultados que se pueden observar en el diario vivir.